La gravedad institucional y el accionar profesional en el caso de abuso

La situación alcanza una mayor gravedad institucional al analizar el desarrollo del juicio oral que finalizó con la condena del progenitor de las víctimas, quienes en su infancia sufrieron abusos. Durante este proceso judicial, las mujeres ratificaron sus denuncias originales, confirmando la veracidad y la gravedad de los hechos aberrantes sufridos en su niñez.
Durante mucho tiempo, en determinados entornos familiares y comunitarios, los abusos no solo eran frecuentes sino que, aunque no se los consideraba “normales”, sí existía una fuerte tendencia a naturalizarlos debido a una cultura patriarcal y conservadora. Este arraigo cultural sirvió para justificar y perpetuar situaciones de abuso, amparándose en tradiciones o costumbres. Si bien en los últimos años la percepción social ha cambiado y se creía superado el debate, la realidad demuestra que la discusión sigue vigente, especialmente por la influencia de sectores conservadores.

La campaña de sectores conservadores y familiares de procesados

En la actualidad, sectores conservadores y familiares de personas procesadas, imputadas o condenadas por abuso, llevan adelante campañas que buscan desacreditar el funcionamiento de la Cámara Gesell. Esta herramienta es clave en el proceso judicial para resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, permitiendo que declaren en un entorno protegido hasta su mayoría de edad. Las campañas sostienen que la Cámara Gesell responde a intereses de fiscales y abogadas querellantes que, según ellos, construyen relatos para incriminar a inocentes, poniendo en duda la legitimidad de las declaraciones obtenidas y promoviendo teorías conspirativas sobre supuestas organizaciones dedicadas a fabricar pruebas y condenar inocentes.

El caso Trigati: símbolo y controversia en Santa Fe

Un caso emblemático es el de Trigati, profesor santafesino condenado a doce años de prisión tras ser denunciado por cinco menores. Inicialmente, la justicia local lo absolvió, pero tras una apelación, otro tribunal lo halló culpable por unanimidad, y una revisión posterior confirmó esa condena. El caso Trigati es simbólico porque intensificó las campañas sobre la supuesta existencia de falsas denuncias y la fabricación de pruebas por parte de fiscales y querellas. Sin embargo, para que haya condena, es imprescindible reunir pruebas suficientes que convenzan a los jueces, quienes deciden en base a ese material probatorio.

Compromiso legislativo y protección de las víctimas

Desde la legislatura, el compromiso es claro: siempre creer y estar del lado de las víctimas, garantizando el principio de inocencia y el debido proceso para los acusados, pero reconociendo la importancia de acompañar y respaldar a quienes denuncian. La justicia debe agotar todas las instancias, y cuando existe condena firme, resulta inadmisible sostener la inocencia de los culpables.

Se considera fundamental impulsar mecanismos de control sobre jueces y fiscales que no cumplen adecuadamente su función. En el caso Trigati, por ejemplo, se evalúa la presentación de un jury de enjuiciamiento contra los jueces que absolvieron en primera instancia, destacando la necesidad de que los operadores judiciales se capaciten para tratar este tipo de delitos y garantizar justicia a las víctimas.

Se destaca que los abusos no distinguen género del agresor: tanto hombres como mujeres pueden ser responsables, y lo importante es visibilizar una problemática históricamente ocultada. La violencia machista, muchas veces ignorada o naturalizada, se manifiesta en la posición de poder del agresor sobre la víctima, siendo aún más marcada en casos de abuso a menores.