El Gobierno de la República Argentina, por medio de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha lanzado el Concurso
Público Nacional N° 392-0006-CPU25, cuyo fin es otorgar la concesión de uso y
explotación del predio de Villa Martelli, conocido como Tecnópolis, por un
plazo de 300 meses (25 años), con posibilidad de prórroga por 12 meses
adicionales. Esta iniciativa se inscribe en el marco del programa de
racionalización de recursos públicos y refleja el compromiso estatal con el
principio de déficit cero.
El predio, que abarca 509.759,79 metros cuadrados y estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación, presentaba un contexto de gastos extraordinarios, bajo nivel de utilización y un deterioro generalizado. Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones, enfrentaba la falta de equipamiento valuado en $554 millones (con una denuncia judicial en trámite) y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de
ordenamiento que permitió reducir en más del 30% la dotación de personal,
pasando de 333 a 198 empleados, y establecer un esquema de funcionamiento
público-privado. Este nuevo modelo permitió al Estado dejar de absorber gastos
para, en cambio, comenzar a recaudar ingresos: se obtuvieron $600 millones en
2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de alcanzar los $2.749 millones
al cierre del año. Además, más de 500.000 personas participaron en las
actividades desarrolladas bajo esta modalidad.
La concesión apunta a profundizar la transformación de
Tecnópolis. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un canon mensual
inicial de $611 millones y un seguro contra incendio de $60.000 millones, con
el objetivo de garantizar la protección del patrimonio estatal.
El pliego licitatorio contempla que el predio mantenga su
destino para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres,
deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas,
incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual. Se
estipula que la parte privada asuma el control del predio a partir del 1 de
julio de 2026, manteniendo los acuerdos público-privados de programación
comprometidos para el resto del año.
El procedimiento licitatorio se llevará a cabo en su
totalidad mediante el sistema electrónico COMPR.AR, lo que asegura
transparencia, competencia y una amplia participación. Con esta medida, el
Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: promueve la eficiencia estatal,
deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para
mejorar la oferta recreativa y cultural, al tiempo que garantiza la
preservación y el uso público del predio.







