Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei impulsa un modelo económico basado en el ajuste brutal del gasto público, la desregulación extrema y la retirada del Estado de áreas esenciales. Bajo el discurso de la “libertad” y el “déficit cero”, las consecuencias comienzan a sentirse con fuerza en la vida cotidiana de millones de argentinos.

Lejos de una recuperación prometida, el país atraviesa un escenario de despidos masivos, cierres de fábricas, aumento del costo de vida, pérdida de derechos y un grave deterioro en salud, discapacidad y atención infantil.

Despidos y destrucción del empleo

Uno de los primeros impactos del plan económico fue la ola de despidos. Miles de trabajadores del Estado fueron cesanteados en organismos nacionales, muchos de ellos con funciones esenciales. A esto se suman los despidos en el sector privado, producto de la caída del consumo interno, la recesión y la apertura indiscriminada de importaciones.

El resultado es un aumento del desempleo, la precarización laboral y la angustia de familias que, de un día para otro, se quedan sin ingresos ni protección.

Cierres de fábricas y desindustrialización

La industria nacional atraviesa una de sus peores crisis. Fábricas históricas reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas. Las pequeñas y medianas empresas, que generan la mayor parte del empleo en el país, no logran sostenerse frente a tarifas dolarizadas, caída de ventas y falta de políticas de protección.

Este proceso de desindustrialización no solo destruye empleo, sino que compromete el desarrollo económico a largo plazo y vuelve a la Argentina cada vez más dependiente del exterior.

Aumentos de precios y pérdida del poder adquisitivo

Si bien el gobierno celebra una desaceleración de la inflación, la realidad es que los precios de los alimentos, medicamentos, servicios básicos y alquileres se dispararon muy por encima de los salarios y jubilaciones. El ajuste recae sobre quienes viven de su trabajo, mientras los ingresos pierden valor mes a mes.

La “estabilidad” que se anuncia se construye sobre el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad.

Quita de derechos y retroceso social

El modelo de Milei implica también una reducción de derechos laborales y sociales. Se debilitan las protecciones al trabajador, se atacan conquistas históricas y se estigmatiza a quienes reclaman. La protesta social es criminalizada, mientras se intenta instalar la idea de que el ajuste es inevitable.

Este enfoque profundiza la desigualdad y rompe el tejido social.

Discapacidad y salud: los más golpeados

Marcelo Puella siempre crítico con la gestión de este gobierno, continuó con sus críticas. Uno de los aspectos más alarmantes de la gestión es el impacto sobre las personas con discapacidad y el sistema de salud pública. Recortes presupuestarios, auditorías indiscriminadas y suspensión de programas dejaron a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

En el área de la salud, la falta de insumos, el ajuste en hospitales y la discontinuidad de programas de medicamentos afectan especialmente a niños y niñas, que dependen del Estado para tratamientos, controles y atención médica básica.

Cuando se ajusta en salud y discapacidad, el costo no es económico: es humano.

Un país que paga el costo del ajuste

El gobierno insiste en que no hay alternativa, pero la realidad muestra que el ajuste no es neutro: tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores son siempre los mismos: trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, niños y sectores populares.

Argentina enfrenta hoy no solo una crisis económica, sino también una crisis social y moral, donde la lógica del mercado se impone por sobre el derecho a una vida digna.

Para finalizar, Puella aclaró que esta psicosis de un mandatario no puede resistir mas tolerancia de un pueblo que esta sufriendo, estos ajustes que se realizan en las políticas de derecha jamás han terminado bien en ninguna parte del mundo.