Kamala Harris, excandidata presidencial demócrata, manifestó en la red X que la captura de Maduro "no se trata de drogas ni de democracia, sino de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional". Harris recalcó que, si bien Maduro es un dictador brutal e ilegítimo, la acción fue ilegal e imprudente. Otras voces demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, también señalaron en redes que la motivación principal no es la lucha antidrogas, recordando el indulto reciente por parte de Trump a uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Disenso Bipartidista y Posturas Republicanas

El debate no se limita al Partido Demócrata. Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, sostuvo que la destitución de Maduro responde a una maniobra clara para controlar el suministro petrolero. Por su parte, Bernie Sanders, senador de Vermont y referente progresista, centró su crítica en la legalidad de la orden presidencial de enviar tropas a Latinoamérica, advirtiendo que el presidente de Estados Unidos no tiene el derecho de iniciar una guerra unilateralmente, ni siquiera contra un dictador como Maduro. Sanders calificó la detención como una "operación militar ilegal" y tachó la política de Trump de "imperialismo puro", exhortando al Congreso a aprobar una Resolución de Poderes de Guerra.

A nivel interno, aunque la mayoría del Partido Republicano respalda a Trump en la defensa de la operación contra Maduro, algunos funcionarios muestran cautela respecto al plan de administrar transitoriamente Venezuela. Marco Rubio, secretario de Estado, expresó confianza en la capacidad de Washington para impulsar una transición de poder, evitando referirse a la posibilidad de que un órgano estadounidense gobierne el país sudamericano. El senador Jim Jordan y Thomas Massie manifestaron dudas y objeciones sobre la constitucionalidad y legalidad de la incursión militar.

Reacciones Internacionales y el Rol de la Comunidad Progresista

Una coalición de países de gobiernos progresistas —Brasil, Chile, Colombia, México, España y Uruguay— emitió una declaración conjunta rechazando las acciones militares unilaterales en Venezuela, por considerarlas contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional. El comunicado defiende el derecho del pueblo venezolano a decidir su destino sin injerencias externas y rechaza cualquier intento de control o apropiación extranjera de sus recursos naturales.

España, único país europeo firmante, se ha posicionado como el crítico más destacado de la política de Trump en Venezuela dentro del continente europeo. Mientras tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha manifestado que llevará tiempo evaluar la legalidad de la intervención estadounidense. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puntualizó que su país no reconoce el régimen de Maduro, pero tampoco avalará una intervención que viole el derecho internacional y genere incertidumbre y conflicto en la región.

En contraste, algunos líderes internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, han resaltado que la transición venezolana debería estar liderada por la oposición, deseando que el presidente electo en 2024, Edmundo González Urrutia, conduzca el proceso cuanto antes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por el irrespeto a las normas del derecho internacional durante la operación estadounidense en Caracas. Tanto Guterres como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortaron a cumplir la Carta de las Naciones Unidas, subrayando que los Estados deben abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros países.

Amnistía Internacional también alertó que la operación probablemente constituye una violación al derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU, y condenó la intención declarada de Estados Unidos de gobernar Venezuela y controlar sus recursos petroleros.