Sociedad: Abandono de persona en Necochea. Una mujer suspendida y un paciente con ELA sin cobertura médica.
17/01/2026
UATRE y OSPRERA han sido denunciadas por la suspensión del salario y de los aportes correspondientes a una empleada con 20 años de antigüedad, mientras ésta se encontraba al cuidado de su esposo con diagnóstico de ELA avanzada, lo que habría generado la interrupción de su acceso a tratamiento médico esencial.
Silvana, con casi veinte años trabajando en UATRE y OSPRERA
en Necochea, fue suspendida sin sueldo ni aportes mientras estaba de licencia
médica para cuidar a su esposo con ELA. También perdió la cobertura médica
fundamental para él.
Sergio Portugal,
exfutbolista reconocido en la ciudad, fue diagnosticado con ELA en 2023. Esta
enfermedad neurodegenerativa y progresiva ya le impide moverse por sí solo.
Silvana es su única cuidadora y el único sostén económico de la familia. En
julio de 2025, agotada física y emocionalmente, solicitó una licencia médica
certificada.
Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, recibió una carta
documento el 27 de noviembre notificándole la suspensión "hasta el alta
médica". A partir del 1° de diciembre su salario dejó de pagarse. Sin
despido formal ni sanciones previas y sin justificación legal, quedó atrapada:
continúa siendo empleada pero sin cobrar ni percibir aportes.
Según
relata, "me dijeron que por estar con licencia médica me suspendían el
sueldo. Eso es ilegal. Nunca abandoné mi puesto, ni tuve sanciones en 20 años
de trabajo. Hoy nos dejan sin ingresos y sin salud".
El problema se agrava: el último aporte a la obra social fue
en octubre, y si no se soluciona, desde el 1° de febrero perderán la cobertura
médica. "Eso significa que mi marido se queda sin tratamiento. La
medicación y las terapias para ELA son muy costosas y esenciales", explica
Silvana.
La
interrupción del pago y de los aportes patronales vulnera derechos laborales
básicos y deja a un paciente terminal en estado de desamparo. Además, Silvana
denuncia demoras de hasta 25 días en las respuestas formales y que la entidad
desconoce su verdadero rol laboral.
Actualmente, la familia sobrevive gracias a la ayuda de
vecinos y grupos deportivos, y ya emprendieron acciones legales, aunque
reconocen que el tiempo corre en su contra. “No pido privilegios, pido lo que
la ley garantiza. Nadie debería ser castigado por enfermarse o por cuidar a un
familiar”, concluye.
Este
caso revela no solo un conflicto laboral, sino la deshumanización ejercida por
una entidad gremial y de salud, que deja sin protección a una trabajadora y
pone en riesgo la vida de un paciente con ELA.
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