El legislador cordobés elaboró su propio texto sobre el proyecto que busca regular la inteligencia artificial en el país, basado en una iniciativa de su autoría (Expediente 3003-D-2024). La propuesta establece un marco normativo que garantice el uso responsable y transparente de esta tecnología.

“Los sistemas de inteligencia artificial han venido para quedarse y, por su impacto creciente en la vida de las personas, resulta urgente establecer reglas claras que aseguren su uso ético y seguro”, expresó Brügge al fundamentar su dictamen.

El proyecto crea el “Régimen Jurídico Aplicable para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial”, que abarca a proveedores, usuarios e importadores de sistemas de IA, tanto públicos como privados. Además, excluye las etapas de investigación y desarrollo previas a la comercialización, con el fin de no limitar la innovación científica.

Entre los ejes principales, el dictamen destaca los principios rectores de transparencia, equidad, robustez y responsabilidad proactiva, junto con un sistema de clasificación de riesgos que divide las aplicaciones en tres niveles: “inaceptable”, “alto” y “limitado”. Aquellos sistemas considerados de alto riesgo deberán registrarse ante la autoridad de aplicación y realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos antes de su puesta en funcionamiento.

En su exposición, Brügge citó casos internacionales que reflejan los peligros del uso irresponsable de la inteligencia artificial. Mencionó al sistema Clearview AI, prohibido en varios países por vulnerar la privacidad mediante el reconocimiento facial; el error del sistema policial de Michigan, que provocó la detención injusta de un ciudadano; el suicidio de un adolescente tras interactuar con un chatbot de Character.AI; y el caso del sistema VioGen en España, que clasificó erróneamente como “riesgo medio” a una mujer víctima de violencia de género, quien posteriormente fue asesinada.

“Estos ejemplos muestran que sin control humano ni marcos éticos adecuados, la IA puede causar daños graves e irreparables”, advirtió el diputado.

El texto también incorpora la creación de un “Sandbox regulatorio”, un entorno de prueba supervisado por el Estado para testear innovaciones tecnológicas de manera segura antes de su lanzamiento.

Además, designa al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como autoridad de aplicación y propone la conformación de un Consejo Asesor en Inteligencia Artificial, integrado por especialistas en ética, derecho, tecnología y derechos humanos.

Otro aspecto relevante es la inclusión de un régimen sancionatorio y una acción judicial reparadora que permite a las personas afectadas por decisiones automatizadas o usos indebidos de la IA reclamar indemnización por daños. Las sanciones incluyen multas en “Argentinos Oro” y la posibilidad de suspender o prohibir sistemas que vulneren derechos fundamentales.

Brügge también subrayó la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la adaptación al nuevo marco normativo, mediante mecanismos simplificados que faciliten el cumplimiento sin afectar su competitividad.

Finalmente, el diputado destacó que su propuesta “procura un equilibrio entre el progreso científico y la protección de los derechos humanos, promoviendo la cooperación internacional y la responsabilidad social en el desarrollo de la inteligencia artificial”.