Mientras avanzan los incendios, Milei y gobernadores proponen modificar leyes de Tierras, Bosques y Manejo del Fuego para habilitar nuevos usos productivos en tierras quemadas. El Consejo de Mayo busca debilitar normas socioambientales en favor de sectores forestales, inmobiliarios y extractivos. Estas medidas facilitarían la apropiación privada de territorios indígenas y agravarían la crisis ambiental. Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, se negocian nuevos cambios que enfrentan fuerte resistencia social y política. La Ley de Tierras (26.737) limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina, aunque actualmente el 5% del territorio ya pertenece a inversores extranjeros. El gobierno busca eliminar o flexibilizar este tope para permitir compras en zonas estratégicas como lagos, bosques y áreas fronterizas. El decreto 70/23 proponía derogar la ley, pero una medida judicial suspendió esa decisión y la Corte Suprema aún debe resolver el caso. El Frente de Izquierda pidió debatir el decreto, pero faltó apoyo legislativo para tratarlo y la norma sigue vigente. La Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego han sido desfinanciadas por diversos gobiernos, lo que debilita la protección ambiental y facilita el avance de intereses privados. Estas leyes han enfrentado intentos de flexibilización para permitir cambios en el uso del suelo, favoreciendo al agronegocio y sectores extractivistas. El Gobierno actual sigue impulsando modificaciones legales que ponen en riesgo los bosques nativos y la gestión del fuego.