Silvana, con casi veinte años trabajando en UATRE y OSPRERA en Necochea, fue suspendida sin sueldo ni aportes mientras estaba de licencia médica para cuidar a su esposo con ELA. También perdió la cobertura médica fundamental para él.

Sergio Portugal, exfutbolista reconocido en la ciudad, fue diagnosticado con ELA en 2023. Esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva ya le impide moverse por sí solo. Silvana es su única cuidadora y el único sostén económico de la familia. En julio de 2025, agotada física y emocionalmente, solicitó una licencia médica certificada.

Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, recibió una carta documento el 27 de noviembre notificándole la suspensión "hasta el alta médica". A partir del 1° de diciembre su salario dejó de pagarse. Sin despido formal ni sanciones previas y sin justificación legal, quedó atrapada: continúa siendo empleada pero sin cobrar ni percibir aportes.

Según relata, "me dijeron que por estar con licencia médica me suspendían el sueldo. Eso es ilegal. Nunca abandoné mi puesto, ni tuve sanciones en 20 años de trabajo. Hoy nos dejan sin ingresos y sin salud".

El problema se agrava: el último aporte a la obra social fue en octubre, y si no se soluciona, desde el 1° de febrero perderán la cobertura médica. "Eso significa que mi marido se queda sin tratamiento. La medicación y las terapias para ELA son muy costosas y esenciales", explica Silvana.

La interrupción del pago y de los aportes patronales vulnera derechos laborales básicos y deja a un paciente terminal en estado de desamparo. Además, Silvana denuncia demoras de hasta 25 días en las respuestas formales y que la entidad desconoce su verdadero rol laboral.

Actualmente, la familia sobrevive gracias a la ayuda de vecinos y grupos deportivos, y ya emprendieron acciones legales, aunque reconocen que el tiempo corre en su contra. “No pido privilegios, pido lo que la ley garantiza. Nadie debería ser castigado por enfermarse o por cuidar a un familiar”, concluye.

Este caso revela no solo un conflicto laboral, sino la deshumanización ejercida por una entidad gremial y de salud, que deja sin protección a una trabajadora y pone en riesgo la vida de un paciente con ELA.